El desarrollo pasa factura

El divorcio de los mundos científico y político en Brasil no puede ser mayor cuando el tema de discusión es el futuro del Amazonas y las consecuencias del Código Forestal recientemente aprobado por amplia mayoría (274 votos a favor, 184 en contra y dos abstenciones) en el congreso de Brasilia. El todopoderoso sector agropecuario, que mantiene una extraordinaria influencia en las grandes familias políticas representadas en la Cámara baja, se anotó el pasado 25 de abril la que podría ser su mayor victoria de las últimas décadas y de los años venideros.

Según los estudiosos del Amazonas, el nuevo código representa, en la práctica, una patente de corso para ampliar las áreas legalmente sujetas a deforestación y, consecuentemente, destinarlas al boyante negocio agropecuario. También establece la amnistía general para todos aquellos que cometieron “delitos contra la vegetación” antes de 2008. A menos de dos meses de la celebración en Río de Janeiro de la cumbre medioambiental Río+20, que previsiblemente congregará a un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, el mensaje que Brasil ha lanzado al mundo es, cuando menos, contradictorio.

Tamaña división social en torno al Código Forestal no ha dejado indiferente a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que, según han declarado varios de sus ministros en los últimos días, ha decidido vetar algunos puntos sensibles del texto, como el de la amnistía a los deforestadores. El pasado viernes, la ministra de Medio Ambiente, Izabella Texeira, fue explícita ante un nutrido grupo de periodistas: “El Gobierno no apoya ningún retroceso en la legislación medioambiental ni ninguna situación que obstaculice la producción sostenible de alimentos con inclusión social. Debemos tener respuestas para los pequeños [agricultores] y el texto aprobado en el Congreso excluye las soluciones que el Senado había encontrado para ellos”. Texeira también confirmó que su ministerio ha aconsejado a Rousseff que vete el texto. La presidenta tiene hasta el 25 de mayo para tomar la decisión.

No obstante, la aprobación del polémico código no representa más que una pieza en el mosaico de decisiones adoptadas en los últimos años por diferentes instituciones brasileñas que mantienen en pie de guerra a las organizaciones medioambientales. El agresivo plan de vías de transporte terrestre para vertebrar la región amazónica o la construcción de enormes plantas hidroeléctricas en los cauces de los ríos Xingú y Madeira con el objetivo de consolidar el aún deficiente abastecimiento eléctrico del país son dos asuntos que dejan al desnudo el modelo de desarrollo por el que se ha decantado el actual Gobierno. Todo ello forma parte del denominado Plan de Aceleración Económica (PAC) lanzado en el mandato del expresidente Lula da Silva y ahora apuntalado por su sucesora.